El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Eduardo Valdés, renunció omo en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de sobornos de Odebrecht en el país.

"He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de ocho años frente al Instituto no tiene por qué verse manchado", dijo Valdés en una declaración a periodistas.

Explicó que las muestras biológicas encontradas en una toalla en la casa de Pizano, en realidad corresponden a rastros de saliva y no a vestigios de sangre como inicialmente lo informó.

"Mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre (humana). A partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro", dijo Valdés.

Pizano, que sufría un cáncer y falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto y no por envenenamiento, era considerado como un testigo clave en el caso Odebrecht y era además interventor de la carretera Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era multinacional brasileña.

Valdés reafirmó que el estudio realizado por Medicina Legal sobre las causas del fallecimiento del Pizano "tiene absoluta validez científica" y que allí se descarta la presencia de cianuro.

"Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron no alteran en nada la integridad de él; ese resultado es veraz, no tiene ninguna modificación y como ustedes saben y se dieron cuenta, fue enviado a la Fiscalía General de la Nación, no al director (de Medicina Legal)", aseguró Valdés.

Tres días después de la muerte de Pizano, su hijo el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, murió envenenado con cianuro al beber agua saborizada que estaba en una botella que halló en el escritorio que su padre tenía en su casa.

El escándalo de Odebrecht se avivó el mes pasado después de que Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Pizano, en la que aseguró que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de estar en el cargo, las irregularidades de la firma brasileña.

Según la Fiscalía, las coimas que pagó Odebrecht en el país para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares).

EFE